En la mañana del 3 de enero, fuerzas estadounidenses —con 150 aviones de combate, helicópteros artillados y drones de última generación— lanzaron un ataque contra Venezuela. Los bombardeos alcanzaron el mayor complejo militar del país en Caracas, así como objetivos en La Guaira, Miranda y Aragua. Menos de noventa minutos después, Nicolás Maduro fue secuestrado y trasladado fuera del país.
En una conferencia de prensa posterior, Trump anunció que Estados Unidos “administraría” Venezuela hasta que tuviera lugar una “transición segura”, dejando claro el carácter neocolonial de dicha transición. En esa misma conferencia, Marco Rubio dejó claro que la operación buscaba sentar un precedente para toda América Latina cuando afirmó: “Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría preocupado”.
Con este acto de agresión imperial desnuda, la administración Trump ha entrado en una nueva fase de afirmación imperial, definida por la apropiación abierta de territorio, recursos y autoridad política. El llamado “orden basado en reglas” ha quedado expuesto como una ficción vacía: ya ni siquiera se invoca y ha sido reemplazado por el uso directo de la fuerza, justificado mediante pretextos intercambiables como el narcotráfico.
Para América Latina, esto no es simplemente un episodio más de agresión, sino una herida profunda a la dignidad regional y a la autodeterminación de los pueblos, cuyas consecuencias resonarán mucho más allá de Venezuela. La actual presidenta en funciones, la exvicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez, ha hablado de “colaboración y diálogo” con Trump y con Estados Unidos, lo que debe entenderse como una relación de tutela y cooperación con pleno acceso al petróleo. Hasta el momento, esta orientación ha sido respaldada por la totalidad del poder ejecutivo, la cúpula militar y el PSUV. Queda por verse si surgirán fracturas.
Es importante señalar que Trump impulsa esta “transición” en lugar de apoyar a Edmundo González o a María Corina Machado porque considera que de este modo puede garantizar un mayor control y estabilidad para sus planes de dominación colonial o semicolonial.
Desde su regreso al poder, Donald Trump ha intensificado de manera drástica la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Lo que comenzó como sanciones y amenazas retóricas ha ido adoptando cada vez más la forma de intimidación militar, ataques marítimos, incautaciones de petróleo y acuerdos encubiertos —a menudo justificados bajo el lenguaje de la “lucha antidrogas” o la “seguridad nacional”. Al momento de esta entrevista (antes del ataque y secuestro del 3 de enero), Los Estados Unidos ha llevado a cabo más de 30 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, causando al menos 107 muertes.
Al mismo tiempo, Trump ha extendido silenciosamente el acceso de Chevron al petróleo venezolano mediante arreglos opacos y de dudosa constitucionalidad, incluso mientras su administración califica a Venezuela como un “Estado terrorista” y duplica la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.
Estos acontecimientos plantean preguntas urgentes. ¿Por qué Estados Unidos escala ahora? ¿Qué explica las contradicciones entre sanciones, agresión militar y la continuidad de la explotación petrolera? ¿Cómo influyen las divisiones internas dentro del entorno de Trump —entre los defensores de línea dura del cambio de régimen y los pragmáticos vinculados al sector energético— en la política estadounidense? ¿Y cómo ha utilizado Maduro las amenazas de Estados Unidos para justificar una intensificación de la represión interna, en particular contra trabajadores, críticos de izquierda y organizaciones populares?
Para ayudar a desentrañar el significado y las consecuencias de los últimos movimientos de Trump —y para clarificar cuál debería ser una posición independiente y antiimperialista de la izquierda— Anderson Bean, de Tempest, entrevista al socialista venezolano Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, sobre la política venezolana y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Nota: Esta entrevista tuvo lugar antes de los acontecimientos del 3 de enero.
Anderson Bean: Trump ha intensificado las sanciones, ha desplegado una presencia militar masiva en el Caribe, ha autorizado ataques letales contra embarcaciones y ha incautado petróleo venezolano. Y, sin embargo, al mismo tiempo ha extendido la licencia de Chevron para operar bajo términos opacos y secretos. ¿Cómo debemos entender esta combinación de escalada y acomodación? ¿Qué hay aquí que sea realmente nuevo, y qué representa una aceleración de la política estadounidense ya existente?
Gonzalo Gómez: Yo creo que hay un doble juego por ambas partes. Trump juega al garrote y la zanahoria: son elementos contradictorios y, al mismo tiempo, se combinan dialécticamente al servicio de sus fines e intereses.
También esta situación parece ser funcional para el sostenimiento del gobierno de Nicolás Maduro, en las condiciones en que se encuentra Venezuela. Lo nuevo, pudiéramos decir, es la intensificación de las acciones de tipo militar: el cerco aeronaval, los ataques a lanchas de presuntos narcotraficantes (después haré una observación respecto a esto), y las restricciones al tráfico aéreo y al desplazamiento de embarcaciones con productos petroleros venezolanos —no los de Chevron. Ahora también dicen que atacaron un supuesto centro de producción de droga en tierra, cosa que tampoco está clara.
Eso representa un incremento de la presión sobre Venezuela y sobre el gobierno de Nicolás Maduro, fundamentalmente en el terreno militar. Pero son acciones todavía bastante limitadas y parecen dirigidas más bien a generar escenarios que fuercen negociaciones con el gobierno o que le permitan a Estados Unidos, a Trump, obtener alguna concesión del gobierno de Nicolás Maduro.
No son acciones determinantes todavía, más allá de que signifiquen una intervención o puedan ser el preludio de algo más grave que venga después. Estas acciones son, evidentemente, un incremento respecto a las simples sanciones: tanto a personalidades del régimen venezolano como sanciones económicas. Pero también parecen ser un mensaje para el resto de los países de América Latina, para la oposición de extrema derecha proimperialista que pide señales del gobierno de Trump, y para la ubicación de Estados Unidos en el plano geopolítico estratégico: su competencia más fuerte con China y Rusia, y su intento de evitar que cualquier gobierno latinoamericano profundice relaciones con estas otras potencias imperialistas emergentes, que van restándole espacio a Estados Unidos.
Estados Unidos quiere reafirmarse en el Caribe y retomar el control. Claro, las condiciones han cambiado y hoy aparecen muchos gobiernos de extrema derecha con políticas neoliberales absolutamente proimperialistas, y eso también le da al gobierno de Trump oportunidades para atacar al gobierno venezolano.
En cuanto al tema de la opacidad, creo que es importante resaltar que, por un lado, los negocios con Chevron están dentro del marco de la llamada —o mal llamada— Ley Antibloqueo, que en realidad no es antibloqueo en nada, sino que sirve para manejar operaciones, transacciones y contratos del gobierno venezolano. En Venezuela lo que hay es un proceso de desmontaje de la soberanía, de desnacionalización, de avance de acuerdos con empresas mixtas, y un retroceso histórico de PDVSA en su capacidad soberana de producción petrolera.
Aunque PDVSA sigue produciendo quizá más del 50% de la producción petrolera, hoy pudiéramos decir que Chevron puede estar abarcando una quinta parte, alrededor de un 20%.
Esto parece contradictorio, porque el país que está atacando militarmente a Venezuela mantiene las licencias para que opere una transnacional estadounidense en el país, y deja pasar los barcos que llevan el petróleo de Chevron a Estados Unidos. Trump, por cierto, dice que el gobierno venezolano saca poco beneficio directo en divisas; que eso es sobre todo aportes al mantenimiento de instalaciones, operativo, técnico, etcétera. Pero la oposición ha dicho, o se ha quejado, de que con las negociaciones, los acuerdos o el contrato con Chevron el gobierno venezolano ha sacado alrededor de cuatro mil millones de dólares.
En todo caso, eso sirve como herramienta de negociación, porque Venezuela depende más de las empresas petroleras norteamericanas.
El mantenimiento o no de Chevron en Venezuela termina siendo objeto de transacciones o concesiones de una parte y otra, y termina siendo funcional a ese juego entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Trump.
También pienso, quizás habría que precisar el término “acomodación”: ¿quién se acomoda? De alguna forma, ambos se acomodan el uno al otro dentro de las tensiones correspondientes, y cualquiera puede estar dispuesto a cualquier jugada en función de sus propios intereses.
El gobierno venezolano se acomoda a las presiones del gobierno de Trump porque mantiene a Chevron, siendo un gobierno que se presenta como antiimperialista, defensor de la soberanía y de la industria petrolera nacional. Sin embargo, mantiene una petrolera del país agresor y depende de ella para una parte importante de la producción. Entonces, ¿qué clase de antiimperialismo es ese?
Podrían decir: “es realpolitik”, porque PDVSA no está en condiciones de producir eso, y si no lo hiciera habría un impacto sobre el pueblo venezolano. Pero, en realidad, yo no creo que la extracción petrolera venezolana esté generando mejores condiciones para el pueblo venezolano, porque eso lo usufructúa la burocracia y una política que beneficia a élites nacionales —sean del gobierno o del capitalismo local— además del imperialismo mismo.
Nadie ha hablado de la posibilidad de que Venezuela tome en sus manos la producción que está a cargo de Chevron, o que busque un mecanismo de recuperación técnica y productiva, como lo tuvo en otro tiempo. Y nadie sabe nada, porque no hay forma de auditar lo que se hace con PDVSA, con el petróleo venezolano y con las empresas que están en Venezuela.
Un gobierno revolucionario, antiimperialista y socialista plantearía la nacionalización plena bajo control obrero y social, con auditoría de todas las operaciones, o al menos un plan progresivo para alcanzarlo. Y eso no está sucediendo.
Entonces sí: hay una acomodación. Pareciera que lo que quieren es mantener ese vínculo. Al gobierno de Trump le interesa no dejar el espacio que pueda ser ocupado por China, Rusia, Irán u otros países. Le interesa también tener información sobre la industria petrolera venezolana, y lo de Chevron se lo permite. Y tiene ahí una llave: en un momento puede decir “ya no seguimos produciendo” y provocarle a Venezuela un impasse repentino.
El gobierno de Nicolás Maduro no parece estar tomando medidas preventivas frente a eso; al contrario, nos expone a una vulnerabilidad mayor frente al imperialismo.
AB: Estos ataques se producen en un momento de profundo agotamiento dentro de Venezuela: derrumbe de los salarios, migración masiva, elecciones no resueltas y una represión severa. A nivel internacional, también coinciden con el declive de la influencia de Estados Unidos en América Latina y la creciente presencia de China, Rusia e Irán. ¿Puedes hablar del momento en que se produce la reciente escalada de ataques contra Venezuela y del contexto político y geopolítico de esta escalada?
GG: Creo que se produce en un momento en el cual el imperialismo estadounidense, y Donald Trump como jefe de gobierno, están buscando el reposicionamiento y la recuperación del poder y la influencia de Estados Unidos, que venía retrocediendo frente al ímpetu de China, frente al poderío militar de Rusia, etcétera.
Y lo está haciendo por la vía de la fuerza, por la vía de los hechos: desbaratando el sistema multilateral internacional, la legalidad y los tratados internacionales. Es decir, por una vía abrupta.
Para defender su espacio, es curioso que Trump esté dispuesto a acordar una paz en Ucrania cediéndole territorio a Rusia, sin la intervención de Europa. Por otro lado, se observan acciones de China alrededor de Taiwán, y Estados Unidos se posiciona en el Caribe como si se estuvieran marcando las áreas del planeta bajo el control primordial de una u otra potencia. Ese es el escenario.
Pero la situación de Venezuela, desde el punto de vista de los intereses de la población y de la clase trabajadora, no ha mejorado en nada con esas acciones y presiones de Trump. Al contrario: eso ha servido para endurecer al gobierno de Nicolás Maduro, darle excusas para mayor represión y autoritarismo, y atacar a factores sindicales para contener cualquier posibilidad de lucha, reclamo o protesta interna.
Incluso va dirigido contra la izquierda opositora: no es una amenaza numérica, pero sí simbólica, porque cuestiona el carácter “de izquierda”, “antiimperialista” y “socialista” del gobierno, señalando que en realidad es un gobierno autoritario con políticas antiobreras e incluso algunas políticas neoliberales.
Esta situación le ha servido al régimen para sostener su retórica y su victimización como factor antiimperialista ante algunos sectores en el mundo. Y por otro lado, internamente ha empeorado las condiciones: hay menos libertades democráticas, menos posibilidades de organización y de acción. Y no me refiero solo a que el gobierno diga que se defiende de la oposición de extrema derecha, como María Corina Machado —que está de acuerdo con que Venezuela sea invadida y le ofrece a Estados Unidos darle todos los recursos venezolanos si intervienen— sino que también ataca a sectores de base, al pueblo, por reclamar cualquier cosa, por decir algo en redes sociales, por lo más elemental.
La burocracia es mucho más intolerante hoy que antes, y encuentra una justificación en la situación externa.
AB: Parece haber divisiones marcadas dentro del campo de Trump: una facción que incluye el lobby petrolero y figuras como Richard Grenell favorece mantener el canal de Chevron; otra, encabezada por Marco Rubio y los sectores duros de Florida, impulsa el aislamiento total y el cambio de régimen. ¿Cómo explican estas prioridades contrapuestas los vaivenes erráticos de Trump y qué nos dicen sobre sus verdaderos objetivos?
GG: Más allá de que eso refleje sectores reales dentro del gobierno de Trump —por un lado gente cercana al lobby petrolero, y por el otro quienes reflejan a la migración cubana de Florida— yo creo que Trump arbitra entre esas dos políticas aparentes, y que ambas sirven a su táctica del garrote y la zanahoria.
En un momento llega Grenell, se presenta en Venezuela y explora posibilidades de abrir puertas o flexibilizar cosas a cambio de alguna concesión inmediata, como por ejemplo la liberación de prisioneros norteamericanos. Y por el otro lado, Marco Rubio marca límites: cuáles son las líneas que no se pueden pasar, y frena el desarrollo de iniciativas de Grenell. Eso es parte del mismo juego. No es contradictorio: termina siendo funcional a la política de Donald Trump, y Trump es quien arbitra.
AB: El gobierno de Maduro denuncia retóricamente la agresión estadounidense, pero al mismo tiempo mantiene empresas mixtas con corporaciones estadounidenses bajo la Ley Antibloqueo, mientras se intensifica la represión contra trabajadores, sindicatos y críticos de izquierda. ¿Cómo ha respondido Maduro a los ataques recientes y cómo ha afectado esto la represión dentro de Venezuela?
GG: Ya lo decíamos: el cerco intervencionista y todo lo que está haciendo Trump han propiciado que el gobierno venezolano endurezca las condiciones internas: aumente la represión, la intolerancia y restrinja más las libertades democráticas. Y ahí está metido el movimiento sindical. El gobierno siempre hace operaciones cosméticas y monta shows —como la “constituyente sindical”— y te dicen: “hemos hecho no sé cuántas decenas de miles de asambleas para consultar ideas de la clase trabajadora respecto a la producción”.
Pero nadie habla del salario, de la contratación colectiva, de las libertades sindicales, de la posibilidad de formar sindicatos libremente o de actuar. Eso está absolutamente cerrado.
Lo de Chevron va por un camino que no es el de un gobierno revolucionario de los trabajadores o del pueblo. El gobierno no habla de restablecer una producción centrada en PDVSA con participación democrática de la clase trabajadora en el control de las operaciones petroleras —trabajadores técnicos, profesionales, etcétera— ni de auditoría social. Al contrario: viene aumentando la opacidad de todas sus acciones económicas e intentando trabajar cada vez más con el capital privado.
En Marea Socialista decimos que en Venezuela hay un “lumpencapitalismo” regido por una burocracia corrupta que, en los últimos años, ha destruido lo que se había avanzado en los primeros años de la revolución bolivariana.
Este escenario, contradictoriamente, es más propicio para que el gobierno mantenga el control que mantiene.
Y para agregar algo: se han hundido varias embarcaciones que Trump dice que son de narcotraficantes. A veces el gobierno de Maduro dice que son pescadores. Pero el gobierno de Trump no presenta pruebas ni indicios, no confisca mercancías recuperables, no muestra droga, tampoco rescatan cuerpos. Es más: incluso han “rematado” supuestos sobrevivientes, y esas víctimas no tienen nombre.
Pareciera que fueran sardinas, no seres humanos. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus poblaciones, sus familias, sus vecindarios? Y en Venezuela hay solo denuncia diplomática: “nos hundieron unas lanchas, mataron gente de manera extrajudicial”. Ajá, ¿y dónde están los datos, las listas, los detalles de esas personas? Hay una deshumanización del conflicto, y cada quien por su lado incurre en algo similar.
AB: Mi última pregunta es sobre cuál debería ser la posición de la izquierda, tanto a nivel internacional como dentro de Venezuela. ¿Cómo puede la izquierda oponerse a la agresión imperialista de Estados Unidos y a la violencia extrajudicial sin alinearse con un gobierno autoritario y neoliberal que está privatizando el sector petrolero, encarcelando a dirigentes sindicales y aplastando los derechos democráticos? ¿Cómo sería en este momento una alternativa genuinamente antiimperialista y de clase trabajadora?
GG: Tenemos que tener una postura, en primer lugar, antiimperialista tajante: contra el intervencionismo, contra cualquier posibilidad de invasión, contra la violación de la soberanía territorial de Venezuela. Una denuncia frontal de todo eso y de los sectores colaboracionistas con el imperialismo —como el sector de María Corina Machado— que auspicia, aprueba o calla frente a lo que está sucediendo. En realidad pide que Estados Unidos intervenga y le ofrece entregar todos los recursos de Venezuela. Eso ofrecería un futuro igual o peor al que tenemos con el gobierno de Nicolás Maduro.
Esa postura antiimperialista clara no significa darle apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro. Debemos mantener la denuncia de su carácter antidemocrático, corrupto y antiobrero, y seguir exigiendo derechos y libertades para los venezolanos y para la clase trabajadora: derechos democráticos, sociales y sindicales. Exigir la mejora de las condiciones de vida. El gobierno dice que hay incremento económico, pero no aumenta salarios ni cumple con la Constitución en lo relativo al salario mínimo; la gente no puede cubrir la canasta básica ni la alimentaria.
Hay que exigir restitución de libertades, posibilidades de organización y movilización. Eso también es fundamental para la defensa del país: no puedes defender un país basado solo en la voluntad de una burocracia que decide lo que se hace con el gobierno y con el ejército, mientras oprime a la población y la somete a condiciones inaceptables. Eso crea vulnerabilidad frente al imperialismo, crea espacio para la extrema derecha y para la confusión de la gente con quienes plantean la intervención como salida.
Entonces: ni intervencionismo imperialista ni gobierno autoritario, opresor y antiobrero. Tenemos que reclamar nuestros derechos, organizarnos y movilizarnos para su defensa y para estar en mejores condiciones de defender al país frente al imperialismo.
Eso implica también una política verdaderamente antiimperialista y nacionalista respecto a los negocios con empresas como Chevron y otras, incluso de otras potencias: buscar alternativas de funcionamiento soberano e independiente de nuestra principal industria nacional, aunque tratando de superar el esquema extractivista.
Y más allá de lo interno, hay que impulsar una campaña internacional sostenida y profunda con todos los factores que estén de acuerdo con enfrentar el intervencionismo de Estados Unidos, pero que no se plieguen al gobierno de Nicolás Maduro. En Marea Socialista eso fue parte de una resolución aprobada en el reciente Tercer Congreso de la Liga Internacional Socialista, que presentamos junto con secciones de Ecuador y Colombia, porque la agresión va más allá de Venezuela.
Planteamos una campaña de solidaridad internacional, de movilización y protestas en todos los países donde sea posible, contra el intervencionismo de Trump. Hay que desarrollarla con la mayor fuerza posible, y que se haga también con gente aliada en Estados Unidos que esté dispuesta a movilizarse contra las acciones y políticas de Donald Trump, contra el guerrerismo y el intervencionismo. Y que puedan entender que eso también es parte de la defensa del propio pueblo norteamericano frente a los abusos de ese gobierno: lo que hace con la migración, con los sectores más desfavorecidos y vulnerables, con la clase trabajadora, etcétera.
Eso hay que impulsarlo, así como se demostró que las grandes movilizaciones contra el genocidio en Gaza por parte de Israel —con la colaboración del gobierno de Trump— fueron importantes para ayudar a poner freno a lo que estaba sucediendo.
Me gustaría concluir reiterando que estamos en contra del intervencionismo imperialista, en contra de la extrema derecha proimperialista y prointervencionista, y que la salida para Venezuela no puede venir de ninguno de ellos. Tampoco está en la defensa incondicional del gobierno de Nicolás Maduro, que ya sabemos lo que representa para Venezuela.
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Crédito de la imagen destacada: U.S. Navy ; modificada por Tempest.